Actualmente, México encabeza el índice de delitos de contrabando y piratería en América Latina. De acuerdo con José Antonio Centeno, presidente de la Industria de la Transformación (Canacintra), el ascenso del contrabando y la piratería se concentra principalmente en los productos importados. El funcionario señaló que uno de cada tres productos importados son ilegales, lo cual demuestra que el país carece de una estrategia para combatir el tráfico ilícito en el comercio exterior.
Aun cuando el Gobierno federal otorgó la administración de aduanas y puertos al Ejército y a la Secretaría de Marina, las cifras indican que el creciente fenómeno afecta directamente a la economía nacional y al sector productivo. Se estima que, en el caso de la piratería y los bienes intangibles, 41 millones de mexicanos consumieron algún tipo de piratería y gastaron un total de 20,000 millones de pesos en música, película, software y libros piratas.
Si bien, en el decreto presidencial, que amplía las facultades de las secretarías de la Defensa Nacional y la Marina en la operación de las aduanas, se estipula un plan de fortalecimiento de aduanas que incluye una inversión superior a los 80 mil millones de pesos para ejecutarse entre 2022 y 2023, es cuestionable el modo de operatividad institucional para prevenir el tráfico ilegal de mercancías que ingresan en las aduanas del país.
En meses anteriores, la opinión pública expresó su preocupación acerca de la posibilidad de que la militarización en aduanas constituyera una obstáculo innecesario para la facilitación comercial. No obstante, ante la problemática comercial mencionada, es posible afirmar que la dirección de los servicios aduanales y la inspección del cumplimiento de las normas jurídicas que regulan la entrada y la salida de las mercancías es deficiente.
Dicha deficiencia se trata de un error estratégico en la administración federal, ya que el control aduanero debe ser función de la dependencia gubernamental que se encuentra capacitada para desempeñarse en el campo del comercio exterior. En cambio, las Fuerzas Armadas se encuentran entrenadas para la defensa de la seguridad exterior e interior.
Es preciso que exista coordinación entre la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina y Defensa Nacional para la implementación del plan de seguridad en materia aduanera. La capacitación en la materia es esencial para la reducción de ilícitos en el comercio exterior. En este mismo sentido, Francisco Rivas, Director del Observatorio Nacional Ciudadano, argumentó que la falta de Estado de Derecho, la debilidad institucional y la corrupción son los factores que impiden la implementación de acciones específicas para identificar y evitar la comercialización de bienes no regulados o abiertamente ilegales.
En suma, la militarización de aduanas sería viable para evitar el contrabando y la piratería, en la medida que exista la capacitación y la coordinación de los organismos institucionales para asegurar la facilitación y la legalidad en las operaciones de comercio exterior.